El alcalde, Emilio Bascuñana, anunció este viernes que el próximo martes, el Equipo de Gobierno elevará a Junta de Gobierno Local el inicio de expediente para solicitar la reversión del edificio de los Juzgados de Santa Justa a la Conselleria de Justicia, ya que “estamos en situación de reclamarlo basándonos en la donación efectuada para un destino o uso afectado, ya que desde 2005 no se cumple su finalidad”, aseguró el primer edil, quien estuvo acompañado por el concejal de Patrimonio, Rafael Almagro. Se trata de una decisión adoptada con la recomendación por parte de los servicios jurídicos y técnicos municipales, porque “es una opción legal mucho más favorable para Orihuela que la permuta, de manera que los dos edificios serían de titularidad municipal (Juzgados de Santa Lucía y Santa Justa)”.
Asimismo, el alcalde insistió en que esta decisión “no supone en ningún caso la renuncia por parte del Ayuntamiento al recibo de las cantidades adeudadas como consecuencia de la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Lucía y a la percepción de las cantidades por su uso”. Para ello, el Ayuntamiento iniciará este expediente y lo pondrá ante la Generalitat Valenciana en audiencia para que pueda presentar sus alegaciones oportunas, ya que “tenemos la obligación de considerarlo como un derecho de Orihuela”. Antecedentes y trámites Así, Bascuñana repasó los antecedentes de esta cuestión que se remontan a 1971, cuando el Ayuntamiento dona al Ministerio la parcela con la finalidad de construir un palacio de justicia.
Posteriormente, en 1995, se procede al traspaso de funciones del Estado a la Comunidad Valenciana, traspasándose la titularidad del inmueble de referencia a la Comunidad Valenciana. En 2002 se aprueba en Pleno la elaboración de un convenio para que una vez construido el nuevo edifico de los Juzgados. Sin embargo, se cedió el uso sin formalizar el documento. Por otra parte, el alcalde recordó también los trámites que se han seguido desde entonces como la tramitación de desahucio por parte de la concejal socialista del bipartito, Antonia Moreno, en el que la juez dicta un auto por el que se declara incompetente para su tramitación. Del mismo modo, tanto la tramitación del desahucio como las diferentes propuestas de convenios de permuta “han quedado en agua de borrajas y nunca se había barajado, hasta ahora, esta posibilidad de reversión”.
